Hace apenas unas semanas, la cuestión de las Islas Malvinas volvió a ocupar un lugar central en la agenda internacional. La Organización de los Estados Americanos (OEA), el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (C24) y los Estados Parte y Asociados del Mercosur reiteraron el llamado a que la Argentina y el Reino Unido reanuden las negociaciones para resolver la disputa de soberanía de forma pacífica.
Ese renovado apoyo ofrece una oportunidad para reflexionar sobre una causa que atraviesa nuestra historia, define nuestro presente y dialoga con el futuro de nuestra Nación.
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Cada nuevo pronunciamiento confirma que la cuestión Malvinas permanece abierta y vigente. También nos invita a preguntarnos qué significa realmente Malvinas para la Argentina. La respuesta, lógicamente, excede cualquier conmemoración.
Malvinas toca una fibra profunda de nuestra Nación porque excede la lectura cartográfica. Expresa nuestra integridad territorial, nuestra proyección oceánica, nuestra condición bicontinental, nuestra riqueza y nuestra ascendencia sobre el Atlántico Sur.
El 2 de abril y el 10 de junio expresan momentos centrales de nuestra memoria nacional. Sin embargo, la responsabilidad de proteger nuestros derechos soberanos trasciende cualquier efeméride. Malvinas es una causa de todos los días. Y esa convicción explica cada paso de nuestra política exterior.
Lo ocurrido en la OEA y en Naciones Unidas tiene una enorme relevancia política y diplomática. En dichos ámbitos, se volvió a afirmar con claridad que existe una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y que esa controversia debe resolverse mediante negociaciones bilaterales, por medios pacíficos y conforme al derecho internacional.
Islas Malvinas. Foto:Nasa.
Es claro que las resoluciones no resuelven, por sí mismas, la controversia. Su valor radica en que mantienen viva la obligación de negociar establecida por las Naciones Unidas y dejan cada vez más expuesta la decisión del Reino Unido de seguir ignorando este mandato.
Mantener esa posición requiere una tarea permanente. Cada consenso alcanzado demanda una diplomacia activa, persistente y técnicamente sólida. Se trabaja. Se construye. Se defiende. Desde la Cancillería argentina llevamos la posición nacional a todos los foros multilaterales, dialogamos con gobiernos de todas las regiones, explicamos nuestros títulos, exponemos argumentos sobre la inaplicabilidad de la libre determinación para este caso y fortalecemos una red de coincidencias que mantiene vigente una verdad esencial. Malvinas no es una causa solitaria. La historia, el derecho y el concierto de naciones convergen para sostener la legitimidad de nuestro reclamo.
La Argentina mantiene intacta su vocación negociadora. Estoy convencido de que la solución será pacífica (…) Malvinas es historia, territorio, mar, memoria y destino. Es una promesa entre generaciones. Es la voz de una Nación que sabe esperar sin renunciar y sabe reclamar sin claudicar.
Una causa justa
Malvinas toca una fibra profunda de nuestra Nación porque excede la lectura cartográfica. Expresa nuestra integridad territorial, nuestra proyección oceánica, nuestra condición bicontinental, nuestra riqueza y nuestra ascendencia sobre el Atlántico Sur.
La Argentina no puede pensarse sin incluir esas dimensiones. El Atlántico Sur es la profundidad estratégica de nuestra Nación. Allí se enlazan la Patagonia, el mar, la Antártida, nuestra plataforma continental y una parte decisiva de nuestro futuro.
Sobre esa convicción, el presidente Javier Milei ha reafirmado el carácter legítimo e irrenunciable de nuestro reclamo. Con ese mandato como brújula, me honra, como canciller, asumir el compromiso de sostener esta causa con firmeza y constancia.
No se trata de una gestión más dentro de la agenda exterior. Se trata de una responsabilidad institucional que nos obliga frente a la Constitución nacional, frente a nuestra historia y frente a cada argentino que entiende que la soberanía se defiende con acciones. Y esa obligación también exige demostrar, una y otra vez, por qué el derecho internacional asiste a la Argentina.
Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores de Argentina. Foto:Archivo Particular
Nuestro reclamo encuentra sustento en fundamentos históricos y jurídicos que la Argentina sostiene de manera ininterrumpida desde su independencia. Como heredera de los derechos de España, conforme al principio de sucesión de Estados, ejerció actos efectivos de autoridad sobre las islas, tomó posesión formal en 1820 y creó la Comandancia Política y Militar en 1829.
En 1833 el Reino Unido ocupó las Islas mediante un acto de fuerza nunca consentido por nuestro país, quebró la integridad territorial argentina, expulsó a nuestras autoridades nacionales y a la población legítimamente establecida, procedió a poblar el territorio con sus propios colonos e impidió la radicación de ciudadanos argentinos.
Ese hecho fue el origen de una situación colonial que persiste hasta nuestros días. La Argentina nunca prestó consentimiento a esa ocupación y mantuvo una protesta constante, pacífica y fundada en el derecho.
En esa línea, la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1965, marcó un punto de inflexión. Reconoció formalmente la existencia de una disputa de soberanía y estableció el camino de la negociación bilateral, con atención a los intereses de los habitantes de las islas. Desde entonces, la comunidad internacional parte de un hecho jurídico ineludible. Existe una disputa de soberanía pendiente de solución.
Existe una idea equivocada según la cual el conflicto del Atlántico Sur de 1982 habría puesto fin a la disputa de soberanía. Los hechos demuestran lo contrario. Apenas cinco meses después de terminadas las hostilidades, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 37/9, que instó a la Argentina y al Reino Unido a reanudar las negociaciones. El conflicto no modificó la naturaleza jurídica de la controversia y tampoco la resolvió. La comunidad internacional reafirmó entonces, como lo sigue haciendo hoy, que el único camino continúa siendo una solución pacífica.
La Argentina nunca prestó consentimiento a esa ocupación y mantuvo una protesta constante, pacífica y fundada en el derecho.
La cuestión Malvinas tampoco es un caso más de descolonización ni un supuesto de libre determinación. Es una situación colonial especial y particular, originada en el quebrantamiento de la integridad territorial argentina. El tiempo no convierte una ocupación ilegítima en soberanía. Tampoco dividirá la unidad territorial de la República Argentina.
Vale tener presente que las Naciones Unidas reconocen tanto el principio de libre determinación de los pueblos como el de integridad territorial de los Estados. La propia Organización determina cuál corresponde aplicar según las características de cada caso. Hace más de seis décadas, el embajador José María Ruda sintetizó esta cuestión con una claridad que conserva plena vigencia al afirmar que Malvinas interpela el principio de integridad territorial de la República Argentina.
Esa fue, precisamente, la interpretación que hizo suya la Asamblea General al entender que la controversia deriva de la ocupación de una parte del territorio argentino mediante un acto de fuerza consumado en 1833. Por esa razón, nunca consideró aplicable el principio de libre determinación y, en cambio, sostuvo de manera constante que la solución debía alcanzarse mediante negociaciones entre las partes, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas.
Esa misma lógica explica por qué las Naciones Unidas distinguen entre los intereses de los habitantes de las islas y sus deseos respecto de la soberanía. Nuestra Constitución nacional establece que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía debe realizarse respetando el modo de vida de quienes habitan las islas y conforme a los principios del derecho internacional. Ese compromiso es permanente. Otra cuestión muy distinta es pretender que la población artificialmente implantada por la potencia ocupante pueda decidir la soberanía del territorio en disputa. Por esa razón, ningún referéndum organizado unilateralmente por el Reino Unido puede producir efectos jurídicos sobre una controversia cuya resolución corresponde exclusivamente a la Argentina y al Reino Unido mediante negociaciones. No debemos caer en la trampa del referéndum.
Bandera de las Malvinas. Foto:Getty Images via AFP
La fuerza de nuestros derechos
En la OEA, por aclamación, nuestra región volvió a calificar la cuestión Malvinas como un tema de interés hemisférico permanente. En el C24, todos los países latinoamericanos integrantes del Comité copatrocinaron la resolución que fue adoptada por consenso. A ello, se suma el acompañamiento permanente del Mercosur, la CELAC, las Cumbres Iberoamericanas, el Consenso de Brasilia, la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, el grupo G77 más China, el SICA y otros espacios multilaterales.
A todos esos países que nos acompañan les transmito el agradecimiento de la República Argentina. Su compromiso con el derecho internacional robustece el capital diplomático que permite mantener vivo el reclamo y elevar el costo político de la indiferencia británica.
Hay otro aspecto igualmente importante. Las Naciones Unidas no solo exhortan a la Argentina y al Reino Unido a negociar. Desde la Resolución 31/49 en adelante solicitaron expresamente que ambas partes se abstengan de introducir modificaciones unilaterales mientras la disputa permanezca sin resolución. El sentido de ese mandato es inapelable. Ninguna de las partes puede aprovechar la situación para consolidar posiciones de hecho o disponer de recursos cuya titularidad sigue siendo objeto de una controversia.
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Sin embargo, el Reino Unido ha persistido durante décadas en desconocer ese llamado mediante la exploración y explotación de recursos naturales, el otorgamiento de licencias y el mantenimiento de una presencia militar desproporcionada.
La Argentina ha respondido estas afrentas con la misma coherencia con la que sostiene su posición diplomática. Nuestra legislación prohíbe la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin la autorización de las autoridades argentinas y prevé sanciones para quienes participen de esas actividades.
Preservar nuestra integridad territorial también significa proteger la proyección oceánica de la Argentina.
Esa decisión busca proteger recursos que pertenecen a todos los argentinos y cuya utilización solo podrá definirse plenamente cuando la disputa encuentre una solución conforme al derecho. Resguardar nuestros recursos naturales también significa defender una parte esencial del patrimonio de la Nación.
La magnitud del despliegue militar británico resulta particularmente elocuente. En las islas residen alrededor de tres mil personas y permanecen desplegados aproximadamente mil doscientos efectivos británicos. Esa proporción exhibe el carácter táctico de la ocupación. Malvinas no es, para el Reino Unido, expresión de su identidad. Constituye un enclave estratégico desde el cual preserva intereses militares, económicos y geopolíticos en una de las regiones más relevantes del hemisferio sur.
Asimismo, una de las manifestaciones más evidentes del incumplimiento de ese mandato internacional se observa en el proyecto Sea Lion. En diciembre de 2025, Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum Development and Production Limited anunciaron una pretendida decisión final de inversión para desarrollar ese yacimiento, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, sobre la base de licencias apócrifas emitidas por autoridades ilegítimas. Cada acto unilateral británico confirma que la controversia permanece abierta. Cada declaración y resolución internacional recuerda cuál es el único camino para resolverla.
La Argentina rechazó esa acción unilateral, reservó todos sus derechos y dejó claro que quienes intervengan o faciliten actividades ilegales en áreas bajo disputa se exponen a sanciones administrativas, penales y a otras medidas en jurisdicciones nacionales e internacionales. Preservar nuestra integridad territorial también significa proteger la proyección oceánica de la Argentina.
Jugadores muestran una bandera con la leyenda: ‘Malvinas Argentinas’- Foto:AFP
Una causa que nos trasciende
Malvinas también vive en la memoria de nuestros veteranos, en las familias de los caídos y en cada hogar argentino donde esa palabra se pronuncia con respeto. Ellos le dieron a esta causa un contenido moral que ningún funcionario puede olvidar. Cada avance diplomático que alcanzamos también honra ese legado. Su entrega nos exige conducta pública y una política exterior a la altura de su ejemplo.
Por eso seguiremos. Estaremos presentes en Naciones Unidas, en la OEA, en cada foro multilateral y en cada conversación bilateral donde resulte necesario defender nuestros derechos. Responderemos sin ambigüedad frente a cada acto unilateral, independientemente de su naturaleza. Lo haremos con firmeza y guiados por la convicción de que las causas justas requieren paciencia estratégica, unidad nacional y perseverancia.
La Argentina mantiene intacta su vocación negociadora. Estoy convencido de que la solución será pacífica, por la vía diplomática y conforme al derecho internacional. Esa disposición convive con una certeza inalterable. Nuestro reclamo no prescribe, no se resigna y no se abandona.
Malvinas es historia, territorio, mar, memoria y destino. Es una promesa entre generaciones. Es la voz de una Nación que sabe esperar sin renunciar y sabe reclamar sin claudicar.
Cada día renuevo ese mandato con la conciencia de que pocas responsabilidades pueden honrar más a un Canciller que llevar la voz de esta causa justa al mundo y defenderla con la misma firmeza con la que la abrazan millones de compatriotas. Allí reside uno de los mayores honores y compromisos que puede asumir un argentino. Ese es mi compromiso.
Por historia, por derecho y por convicción, las Malvinas son argentinas.
*Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina
